¿Sería posible destapar en Euskadi un fraude fiscal como en Alemania?

En Alemania se ha producido un gran escándalo al ver la luz un espectacular fraude fiscal de centenares de empresarios y personalidades millonarias mediante el paraíso fiscal de Liechtenstein. Lo más curioso es el método empleado para llegar a los datos de los defraudadores: un informante anónimo contactó con los servicios secretos alemanes ofreciendo un disco repleto de datos bancarios del principado y las autoridades alemanas, tras comprobar la veracidad de la información, le pagaron cinco millones de euros. Un precio barato frente a los 3.400 millones del fraude descubierto ¿Sería posible algo similar en Euskadi?

La respuesta es no, puesto que nuestro sistema judicial garantista invalida cualquier prueba obtenida ilegalmente. Tampoco el sistema estimula la colaboración ciudadana a la hora de denunciar irregularidades. Todos estamos habituados a oír quejas sobre que se conocen de primera mano casos de fraudes en ayudas sociales o VPOs pero nadie hace nada. Es más, todavía funciona la cultura de ver la delación como algo negativo, una cosa de chivatos. Por ejemplo, en la web de la Hacienda Foral vizcaína no se puede encontrar nada respecto a cómo denunciar fraude fiscal.

Nada que ver con los Estados Unidos, donde el IRS (la Hacienda federal) tiene incluso un programa de recompensas para los informadores de grandes fraudes que ofrece premios de entre un 15% y un 30% de lo recaudado por la denuncia, siempre que el importe reclamado sea mayor de 2 millones de dólares en el caso de empresas o 200.000 dólares en el caso de personas. Estos sistemas de denuncia, aunque parezcan a simple vista que reducen el dinero recaudado por Hacienda, son muy rentables, puesto que el aumento de recaudación compensa sobradamente los pagos a los denunciantes.

¿Sería viable algo así en Euskadi? Ya que todos debiéramos colaborar activamente denunciando fraudes, pero no lo hacemos, por lo menos que a los que se atreven les compense en algo el riesgo de ser descubiertos a posteriori por los defraudadores.

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