Internet pone en jaque a los impuestos

“En Internet no existe la palabra ley”. Así de contundente es Marc Felip, asesor técnico de la empresa BCG Online y dedicado últimamente a montar empresas en Internet que aprovechan el vacío legal que existe en la red. “Si acaso, existe la ley del país en el que opera la empresa proveedora de Internet”, añade refiriéndose a que la red permite fácilmente evitar cualquier restricción legal en el ámbito económico mediante el recurso a un paraíso informático. Ofrecer un servicio o producto desde uno u otro sitio no entraña apenas diferencias si se encuentra una empresa dispuesta a almacenar los bits de la oferta en cualquiera de los dos sitios.

Y Felip se dedica precisamente a eso, a buscar los mejores servidores para que sus clientes paguen menos impuestos y puedan a provechar la red para hacer negocios sin ningún tipo de restricción legal. “Las empresas se instalan en paraísos informáticos para obtener una naturaleza virtual y quedar así sometidas a la ley del país en el que están, aunque cualquier persona del mundo que esté conectada a Internet puede aprovecharse de sus servicios”, explica Felip. “La principal función de estos paraísos es el almacenamiento de datos personales”, añade Javier Ribas, abogado especializado en Internet, refiriéndose a la nueva actividad de las islas caribeñas.

Por razones geográficas, el refugio que utiliza Felip es Andorra, aunque existen tantos paraísos internáuticos como islas hay en las Antillas o en Oceanía. Las razones para utilizarlos incluyen el almacenamiento de datos que luego se pueden utilizar en campañas de marketing y que vulneran, por tanto, las legislaciones nacionales que protegen el uso informático de informaciones personales o el comercio de armas, entre otras. El FBI ha advertido repetidas veces del uso masivo de las redes que están haciendo los narcotraficantes para comunicar sus pedidos y lugares de entrega a través de mensajes electrónicos encriptados.

Los códigos que utilizan estos delincuentes -que no aprovechan un vacío legal sino el progreso técnico- son casi siempre indescifrables para la policía. De los 14.000 pinchazos de Internet que realizó el FBI en 1995, sólo 100 sirvieron para entender la conversación electrónica. El resto (más del 99%) resultaron ilegibles incluso para el organismo policial y de espionaje mejor preparado del mundo. También se rumorea en diversos sectores internáuticos que la policía española tiene una unidad dedicada a leer los emails que circulan por Internet.

Los rumores se hicieron más fuertes cuando un grupo de hackers de Valladolid reventó el site de Euskadi Information en Suiza, desde el que se distribuían noticias de Herri Batasuna. En ese momento, el diario ABC llegó a mencionar la existencia de esta unidad policial y las dificultades que tenía que sortear para descifrar los mensajes que estaban enviando los etarras a través de la red.

Una curiosa empresa en este sector es Offshore Information Services (Servicios Informáticos en Paraísos Fiscales, http://www.offshore.com.ai), creada en Anguila con el fin de albergar a compañías interesadas en utilizar el vacío legal de Internet. Su creador, Vince Cate, es un doctor de informática del MIT (Massachusetts Institute of Technology), el templo de Negroponte en Boston, que un día decidió coger sus bártulos y marcharse a esta isla caribeña, con sólo 9.000 habitantes, ningún impuesto, dos tiendas de ordenadores y una conexión a Internet de 64 kilobytes.

“Me gusta la idea de ayudar a las empresas internáuticas a instalarse en un lugar con mayores posibilidades”, dice Cate. Crear una empresa a través de Offshore Information Services no exige desplazarse y sólo cuesta 1.500 dólares al año más una comisión del 10% de las ventas. Entre las compañías que han recurrido a Cate destacan una tienda californiana de cristales de cuarzo que teme que cualquier día el Gobierno de EE.UU. le restrinja la venta (http://kcc.com.ai); un comercio de productos para perder peso (http://online.offshore.com.ai/fiber); una consultoría fiscal y legal (http://www.ultramec.com.ai); una empresa de software de encriptación -producto que no se puede exportar dessde EE.UU.- (http://www.voodoo.com.ai), y un fabricante de productos de diagnóstico (http://www.murex.com.ai). Además de crear empresas, Cate mantiene listas de discusión sobre temas que pueden rozar la ilegalidad en otros países y abre cuentas de Internet para ciudadanos de Estados que, como Singapur, prohíben todo tipo de pornografía.

En Barbados, otro Estado caribeño, existe un proyecto similar (http://www.caribnet.net), a través del cual se han creado tiendas de venta de helicópteros, productos herbales (http://ww.gnld.com), recientemente prohibidos en España, o de venta de software.

Pero la estrella de los paraísos fiscales están pasando a ser los casinos y loterías, que permiten salvar la restrictiva ley de EE.UU. y, como dice Felip, blanquear dinero. El propio gobierno de Belize ofrece a las empresas de todo el mundo abrir casinos en su país. “Es el primero del mundo que ha creado una ley reguladora (en realidad permisiva) del juego y las apuestas electrónicas”, se anuncia en Internet (http://www.belize.com).

Además, para el que obtenga suculentos beneficios en ellos, le ofrecen la posibilidad de adquirir por un millón de pesetas la nacionalidad de Belize para no pagar impuestos de ningún tipo por ese dinero. En Liechtenstein, existe también una lotería primitiva del Estado (http://www.interlotto.li) en la que se puede jugar (también en castellano) a seis números (de entre 40) con sólo utilizar la tarjeta de crédito y el ordenador. El porcentaje de los ingresos destinado a premios (65%) es superior al que se ofrece en España.

¿Qué hacer con las ganancia (exentas de impuestos en Liechtenstein pero no en España por no ser un juego del Estado)? Muy sencillo, dice Felip: “Se abre una cuenta en un banco local (por ejemplo, el Landesbank en http://www.bodan.net/llb/index.html) y se ingresa el dinero del premio para evadir impuestos o se vende a alguien interesado en blanquear dinero”.

El flujo de dinero de los casinos virtuales ha asustado a los gobiernos, que intentan impedir como pueden su proliferación. Hace sólo dos semanas, la Generalitat de Catalunya, con competencias en el ámbito del juego, prohibió a dos locales que pusieran ordenadores conectados directamente a uno de estos casinos, previo pago del usuario por su utilización. Según el departamento de Gobernación de la Generalitat, se vulnera la Ley del Juego catalana y se generan fraudes fiscales, además de no poder controlarse el acceso de las personas que tienen prohibido el acceso a estos locales. Sin embargo, también reconocían que estas actuacione no sirven de mucho “si no hay una directriz o tratado internacional” que controle el tema.

BANCOS Y CUENTAS CORRIENTES
La autopista de la información sigue siendo lenta pero ha modificado el tipo de datos que circulan por sus peajes. Ahora los bits contienen, perfectamente encriptados, datos de dinero electrónico, apuestas o transacciones. Como todo sistema económico, necesita la presencia de bancos para poder establecer auténticos negocios. Internet dispone ya de casi 500 bancos que ofrecen sus servicios a través de la red. En España, el más avanzado es el Grupo Santander, que fue el primero en ofrecer transacciones bancarias a través de Internet mediante su filial Banesto. Recientemente, ha incorporado al propio Banco Santander y a los bancos telefónicos Open Bank y Santander Direkt Bank de Alemania.

Un extranjero que abra una cuenta en España va a poder utilizarla como si estuviera situada en un paraíso fiscal. No es que España aplique la tradicional confidencialidad bancaria suiza pero, según varios especialistas consultados, es dudoso que el Gobierno de EE.UU. se interese por las actividades bancarias de un súbdito americano en España. Otros países, como EE.UU., restringen a sus propios ciudadanos la apertura de cuentas en sus bancos cibernéticos. Es el caso, por ejemplo, del Security First Network Bank, que se anuncia como la primera entidad que operó en Internet. Este banco dispone de una sola oficina en Kentucky, lo que le permite ahorrar gastos de estructura que se repercuten, según publicitan, en las comisiones bancarias y en los intereses.´

Para el que quiere más seguridad, hay varios ciberbancos instalados físicamente en paraísos fiscales. Destaca el del Estado de Luxemburgo (http://www.bcee.lu), el Byblos Bank libanés (http://www.dm.net.lb/byblosbk/index.html), o el Altamira International Bank de Barbados (http://www.altabank.com). Hace un año que el European Union Bank ofrece desde la isla Antigua y Barbuda (http://www.eubank.ag) todos sus servicios a través de la red.

“Hasta hace poco, la única barrera para la banca en paraísos fiscales era la lejanía de sus clientes, pero las nuevas tecnologías han eliminado esta restricción y, ahora, nuestros clientes pueden comunicarse con su entidad en cualquier momento a través de Internet”, dicen las páginas del European Union Bank. Lo cierto es que este banco virtual, que prepara ofrecer sus servicios en varios idiomas, permite abrir cuentas a menores de edad, obtener préstamos, crear empresas para manejar grandes patrimonios, comprar un fondo de inversión, hacer transferencias y enviar cheques con sólo apretar algunas teclas del ordenador de sobremesa.

Además, ofrece la posibilidad de impulsar una empresa regitrada en este paraíso fiscal, y con cuenta en el banco, por sólo 995 dólares. “Estamos ayudando a crear un mundo de comercio sin horas de oficina ni fronteras”, afirman tajantes para explicar a qué tipo de compañías van dirigidos sus servicios.

El mercado puede dar mucho de sí ya que el comercio electrónico movió 500 millones dólares el año pasado y, según la empresa norteamericana de estudios de mercado Forrester Research, lo hará por unos 6.000 millones de dólares en el año 2000. La mayor complicación actual es conseguir que el dinero llegue hasta esos paraísos para que allí se pueda aprovechar de una legislación favorable sin ningún tipo de impuesto. Tradicionalmente, ha sido necesario hacer un viaje con un maletín lleno de dinero. Hoy es posible realizar transferencias bancarias, aunque teóricamente hay que declararlas a Hacienda. De hecho, el European Union Bank recomienda hacerlas a través del español Baninter y el Byblos Bank, vía el Banco Atlántico.

La creación del dinero electrónico (también conocido como virtual o cibernético), que no es otra cosa que hacer circular por Internet bits con valor monetario para adquirir productos, va a hacer esto todavía más sencillo. El propio ex presidente de la Asociación Bancaria de Panamá, Julio Antelo, ha reconocido recientemente en un congreso de banqueros de América Latina que “el fraude electrónico será más difícil de controlar cuando se masifique el uso del dinero cibernético”.

La revista británica “The Economist” advirtió de este peligro hace ya dos años: “El dinero electrónico será difícil de fiscalizar y tasar por su intangibilidad y por la dificultad para localizar su origen y destino”. Más recientemente, Moneyweb, una publicación internáutica, prevenía que “si se permite el dinero electrónico anónimo, será muy sencillo blanquear dinero en la red”.

Precisamente, el anonimato es el objetivo con el que trabajan, para obtener mayor seguridad en las transacciones, las empresas que están concibiendo el dinero electrónico: Digicash o Cybercash. Si los gobiernos intentan pararles los pies, siempre podrán recurrir a un paraíso fiscal para instalar sus “fábricas de moneda”. La posible solución a este problema la han aportado en un trabajo conjunto Debora Spa, de la Universidad de Harvard, y Jeffrey Bussgang, de la empresa de software monetario OpenMarket.

“Lo que hace falta es una entidad central para controlar a los usuarios y castigar las violaciones. Esta entidad transformaría el estatus de anonimato y anarquía para crear un mercado viable en el que haya clientes perfectamente identificables y transacciones globales”, afirman en su trabajo.

COMERCIO ELECTRÓNICO: LA NUEVA ECONOMÍA
La revista electrónica canadiense “Clés du Commerce Electronique” (“Claves del Comercio Electrónico”), que acaba de organizar una mesa redonda virtual (con los ponentes situados en diferentes lugares pero unidos entre sí por una conexión a Internet) sobre este tema, concluye: “¿El comercio electrónico va a explotar rápidamente, tal y como lo han hecho el fax o los cajeros automáticos? Si es así, el impacto será enorme en la economía, en las costumbres sociales y en nuestras leyes”.

Varias empresas españolas han instalado ya comercios en Internet y algunas asociaciones y entidades oficiales trabajan en la creación de centros comerciales virtuales para las tiendas que disponen de establecimientos en las calles de España. La Confederación Empresarial Comarcal de Terrassa prepara el espacio “Rambla Centre Comercial”, con todo tipo de tiendas, y el Departamento de Consumo del Gobierno Vasco negocia con Telefónica un proyecto para dotar a los comercios de esta comunidad autónoma de conexión a Internet a un coste reducido.

El argumento de los comerciantes de Terrassa es, cuando menos, curioso: “Este centro comercial no echará nunca la persiana ya que trabajará las 24 horas al día”. De esta forma, la legislación de horarios comerciales de la Generalitat de Catalunya queda sobrepasada “virtualmente”.

Otras empresas recurren al comercio electrónico para comerciar con productos que legalmente no pueden vender. El caso más sonado es el de las farmacias, cuya apertura está restringida por los colegios profesionales y, según la ley española, son los únicos establecimientos que pueden vender medicamentos. El Consejo General de Colegios Farmacéuticos ha mostrado su preocupación ante la venta de medicamentos por Internet.

Santiago Cuéllar, del Departamento Técnico de esta asociación española, llegó a decir: “Internet nos ha roto los esquemas porque nadie había contemplado la posibilidad de distribuir productos por esta vía y las fronteras tradicionales están quedando diluidas”. La farmacia virtual más importante se encuentra en Holanda (http://www.eurocare.nl), donde la legislación es menos restrictiva que en nuestro país. Sin necesidad de presentar receta -”se supone que se posee”- y pagando con Visa, es posible adquirir una gran cantidad de medicamentos y a precios que, según anuncian, pueden llegar a costar la mitad que en EE.UU.

Desde España, un particular comercializa también varios productos farmacéuticos no permitidos por la legislación nacional (http://www.readysoft.es/lifeplus/espanol/index.html). El método utilizado en este caso para saltarse la ley es el de la venta en cadena: a partir de su página de Internet anuncia a la empresa norteamericana que comercializa estas drogas inteligentes y, a cambio, obtiene una comisión por cada producto.

El peligro para el monopolio farmacéutico es pues evidente, ya que en EE.UU. la venta de medicamentos por correo ha arrencado un 15% del mercado en pocos años, y lo ha hecho en un país donde es posible adquirirlos en hipermercados y no existen tantas restricciones como en España para abrir farmacias. Con razón, por tanto, el Consejo General de Colegios Farmacéuticoss va a salir a Internet, aunque no para vender sino para ofrecer una base de datos con información sobre medicamentos. Otro método de lucha lo apunta Cuéllar: “Es imposible prohibir a la gente que compre medicinas por Internet pero sí se pueden dar problemas de comercialización”. Si se repite el habitual recurso de las farmacias, los problemas de comercialización no son más que presiones a los fabricantes para que no vendan a farmacias “no autorizadas”.

SALTÁNDOSE LOS IMPUESTOS
La última moda en Internet que afecta al comercio electrónico es el problema de los impuestos. Los impuestos sobre el consumo, lo que en España se conoce como IVA, son una de las bases principales de la financiación de todos los gobiernos. Esos impuestos se imponen normalmente en el lugar donde se adquiere un producto, pero ¿dónde se realiza una compra electrónica?

Actualmente, los norteamericanos no pagan IVA cuando compran productos por correo, ya que el Estado donde reside el comprador, por ejemplo Washington, no puede obligar a una empresa situada en California a cobrar el impuesto. Esto podría parecer un vacío legal, pero no lo es ya que, como indica a WEB Kaye Caldwell, presidente de la Asociación de la Industria norteamericana del Software, la obligación de pagar IVA subsiste aunque es el comprador el que tiene que advertir a su Hacienda local de que ha adquirido un producto en otro Estado y que, por tanto, debe abonar el impuesto.

Evidentemente, este método no es el más eficaz. “Muchos Estados no se toman la molestia de recaudar dichos impuestos, por lo que los compradores ni siquiera saben que existe ese IVA”, explica Caldwell. El resultado es que los ayuntamientos norteamericanos (los que recaudan el IVA en EE.UU.) dejan de ingresar 3.300 millones de dólares (420.000 millones de pesetas) al año, según un estudio del Centro de Investigaciones Económicas Comunitarias de la Universidad californiana de Berkeley.

Las compras por Internet tienen, teóricamente, el mismo tratamiento, aunque muchos Estados (entre ellos Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut) están intentando establecer otros mecanismos para no perder estos impuestos. La estratagema utilizada es obligar a las empresas a recaudarlos en base al “nexo” telefónico que la compañía vendedora tiene con el Estado del comprador. Ese nexo, que establece el proveedor de acceso a Internet del cibercomprador, es el equivalente de una presencia física en el Estado del cliente, el requisito que han venido exigiendo hasta ahora los jueces para que se pueda obligar a las empresas a cobrar el IVA.

Es decir, el proveedor de acceso se convierte en un auténtico intermediario, en una cibertienda abierta cerca del comprador. Algunos extienden ese enlace hasta el propio caché del ordenador, que guarda durante un importante lapso de tiempo la página web del producto que se va a adquirir.

En España se puede plantear el mismo problema de forma más solapada. Teóricamente, cualquier compra (importación) de un producto fuera de la Unión Europea está gravada por aranceles aduaneros. En el caso de los productos que llegan por correo, este control lo realiza la Administración Postal en los paquetes que llevan una etiqueta verde. Pero, ¿qué sucede cuando no se pone esa etiqueta? “Las ventas o subastas por Internet no pagan aranceles en aduana ni IVA, ya que los paquetes (donde viaja el objeto adquirido) siempre se camuflan para que no sean exportación”, explica Felip.

Un conocido internauta español comenta que nunca le han hecho pagar ningún impuesto en las compras que ha realizado por Internet, salvo en una ocasión en que el producto tenía un elevado valor y se lo enviaron a través de una empresa de correo urgente. Resulta muy sencillo comprar compact discs en EE.UU, a precios de allí (más bajos) y sin IVA ni ningún otro impuesto. Entre los internautas se dice, incluso, que alguna mensajería -se cita el caso de UPS- “cuela casi todo”.

“Cuando un español compra un programa informático a una empresa extranjera, hay que pagar un canon de propiedad intelectual”, explica Javier Ribas. Este impuesto lo debe ingresar el comprador, que tiene que descontárselo al vendedor, en la Hacienda española. Sin embargo, las empresas extranjeras suelen negarse a descontar el impuesto en el precio, por lo que al comprador sólo le queda la opción de no declararlo o de cargárselo a la persona que le adquiera posteriormente el programa.

“Si el software viene en formato digital, como resulta imposible controlar toda la información transmitida por Internet, es imposible fiscalizar esas importaciones”, añade Ribas para complicar el tema. Al igual que el software, un libro, un periódico, un disco o, incluso, una película pueden ya circular por Internet de forma digital. “¿Quién va a controlar las suscripciones a los periódicos electrónicos?”, se pregunta Ribas.

Otros productos que se pueden ofertar por la red de forma sencilla son los servicios profesionales (abogados, consultores) y financieros o los seguros. Algunos de los expertos que participan en el Grupo creado por la Comisión Europea para determinar las implicaciones de la futura Sociedad de la Información han reconocido que Europa está dejando de ingresar impuestos por estos conceptos como consecuencia del creciente uso de Internet.

Esta incertidumbre puede llevar a muhas empresas a no vender por la red ante la imposibilidad de que más adelante se les obligue a pagar los impuestos de varios años. La consultora KPMG Peat Marwick, que tiene una división dedicada al estudio de la fiscalidad y el comercio en Internet, realizó en junio una encuesta entre casi 300 empresas norteamericanas y llegó a la conclusión de que el 51% de las compañías se están apartando del comercio electrónico como consecuencia de las incertidumbres legales que plantea.

“Muchas sugieren la posibilidad de trasladar sus actividades a un paraíso fiscal para alejarse de los impuestos que se impongan sobre Internet”, añade el estudio de KPMG antes de concluir que “las reglas que se dictaron en la Revolución Industrial no pueden ser aplicadas en la Sociedad de la Información”.

¿QUÉ JURISDICCIÓN AFECTA A UN PORTÁTIL?
El que desarrolla su actividad en Internet, el teletrabajador, es muy difícil de controlar por Hacienda, como también lo es la renta que genera el comercio electrónico. “Ningún país se atreve a gravar el cibercomercio ante la imposibilidad de que las empresas se muden con su ordenador a un paraíso fiscal”, previene Ribas.

Nilesh Shah, consultor de KPMG sobre Fiscalidad Internacional, explica: “Los impuestos se recaudan en función del emplazamiento de la actividad económica. Sin embargo, en la red los consumidores tienen tratos con servidores que pueden estar en distintas jurisdicciones e, incluso, en ninguna jurisdicción, si se trata de un ordenador portátil”.

Al igual que en España las empresas que buscan mejores condiciones fiscales se instalan en el País Vasco, donde el tipo del Impuesto de Sociedades es dos puntos y medio inferior al estatal, en Internet las empresas buscan los paraísos fiscales e informáticos, aquellos territorios en los que el servidor puede hacer más cosas y por el menor precio. Paraísos fiscales hay en todas partes. Un país como Irlanda es considerado como tal por su tipo reducido del 10% sobre los beneficios de las empresas (en España es del 35%).

En nuestro país, las haciendas forales de las tres provincias vascas anuncian sus “ventajas fiscales” a través de la Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial del Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Alava lo hace en sus propias páginas. Más explícito es aún el caso del Régimen Especial Fiscal de Canarias, que también incluye importantes ventajas y está en Internet con toda su normativa. Estos cambios modificarán el mercado y las teorías económicas.

El semanario británico “The Economist” publicaba hace unos días en un reportaje sobre los cambios que será necesario realizar en las teorías económicas tradicionales para adaptarlas a las nuevas tecnologías: “Las tecnologías de la información y la comunicación permiten comerciar con bienes con los que hasta ahora no se podía. Cualquier actividad que se pueda desarrollar en una pantalla y vía teléfono, como escribir sofware o una labor de secretariado, es susceptible de realizarse en otro lugar del mundo.

La reducción constante de los precios de las telecomunicaciones permite que las empresas del sector servicios, como los bancos, desplacen su personal de administración a lugares más baratos y se comuniquen por satélite u ordenador. Las empresas del mundo desarrollado han subcontratado todo tipo de actividades a países del tercer mundo: programación, contabilidad de aviación, procesamiento de los datos de los pacientes de los hospitales…”

SOLUCIONES
Las soluciones ensayadas hasta ahora para regular Internet han fracasado por su carácter nacional. Basta con mencionar la Ley de Decencia de las Telecomunicaciones, aprobada por el Congreso de EE.UU. y rápidamente paralizada por los tribunales. Hay otros casos que atañen más específicamente al comercio electrónico, como el Ayuntamiento de Bruselas, que ha decidido cobrar una tasa anual de 4.000 pesetas por ordenador. La consecuencia ha sido una fuga de pequeñas empresas hacia los suburbios de la capital europea o una compañía, cuyo edificio está repartido entre dos términos municipales, que ha decidido colocar todos sus ordenadores en la parte no bruselense.

Las diferentes soluciones para evitar el vacío legal que existe en Internet pasan por el consenso internacional. “Hace falta que los gobiernos se pongan de acuerdo para controlar la evasión fiscal”, explica Ribas, tras reconocer que la legalidad vigente permite luchar contra algunos delitos cometidos en otro país pero no contra todas las actividades ilegales. “Un juez español puede pedir a otro extranjero que quite la dirección IP (la que marca a un ordenador dentro de la red Internet) a un servidor a través del cual se están cometiendo delitos. El problema es que su dueño puede instalarse después en otro servidor o en otro país”, añade.

El tema impositivo es más complicado, porque las nuevas tecnologías exigen cambiar los conceptos fiscales que existían hasta ahora. “Los impuestos actuales están basados en la transmisión física de los productos, pero con Internet se envían cosas inmateriales”, explican los profesores de la Universidad de Maastricht Luc Soete y Karin Kamp.

Estos académicos han defendido en un trabajo conjunto una de las propuestas de nueva fiscalidad que ha realizado el Grupo de Expertos que analiza, por encargo de la Comisión Europea, las implicaciones de la Sociedad de la Información. Haciendo una analogía entre autopistas de peaje y de la información, dentro de este grupo de expertos se ha sugerido la posibilidad de imponer una tasa sobre los bits, el bit tax, que gravaría las transmisiones electrónicas con independencia de su contenido. Las propuestas hechas hablan de una peseta por mega, lo que para una empresa como Hewlett Packard podría suponer del orden de 4,8 millones de dólares al año (600 millones de pesetas).

Bajarse una imagen de Pamela Anderson, por ejemplo, saldría por una peseta. Como ventajas de este sistema, los dos profesores holandeses mencionan la eliminación del exceso de correo electrónico sin interés o publicitario, lo que ellos denominan “polución de información”, y las mayores posibilidades de control que proporciona.

La preocupación no se limita a la Administración. Las empresas privadas también temen por la inseguridad legal que afecta a los negocios que se crean en Internet. La Asociación de Servicios Interactivos (ISA), que agrupa a diversas empresas que prestan servicios on line, está también preparando sus propias propuestas, en forma de libro blanco, sobre impuestos locales y estatales en Internet.

La previsión de la revista electrónica Moneyweb es, quizás, la más realista: “Los impuestos se acabarán haciendo voluntarios para todo aquello que no sea material y los gobiernos tendrán que apartarse de muchas áreas que hoy todavía controlan”.