La Brigada de Delitos Económicos de la Ertzaintza está investigando a fondo el entramado empresarial creado por Jabyer Fernández en torno a Afer. Así lo indica Cinco Días, tras confirmar que BBK y La Caixa han demandado a su filial Iurbenor por vender una parte de los terrenos de Lutxana con “vicios ocultos”.

Es algo que ya había dejado caer el diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao, hace meses, aunque sin decirlo expresamente: se cree que Fernández ha podido cometer importantes delitos fiscales. Tras recibir el aviso de la Hacienda foral, agentes especializados de la Policía autonómica están analizando la contabilidad de las casi 100 empresas de Afer para descubrir posibles “chanchullos”.

La hipótesis de trabajo es que Fernández realiza operaciones entre sus empresas con el fin de evitar a Hacienda. Algo parecido le reclaman antiguos socios de Iurbentia, que entienden que se han perjudicado sus intereses en favor de otras filiales de Afer y especialmente Fonorte y Habidite. Por ello, denunciaron a Fernández ante los tribunales.

Los primeros datos sobre este caso no son muy positivos para el empresario de Santurtzi: la fianza de 20 millones de euros impuesta por el juez que lleva este caso deja entrever la presunción de que se desvió dinero de Iurbenor (y de Iurbentia) en beneficio de Fonorte y Habidite. Esto explicaría también el cambio de actitud por parte de la Diputación, que de apoyar por completo el proyecto de construcción de viviendas modulares ha pasado a no querer saber nada de todo Afer.

El caso de los vivios ocultos de la venta de los terrenos es mucho más específico y tiene que ver con el volumen de edificabilidad del solar de Lutxana. Al parecer, Iurbenor no reveló a BBK y La Caixa que una sentencia judicial entonces no publicada limitaba el número de pisos que podrían construirse en esta zona.

El caso está ahora en el Tribunal Supremo, pero ante el riesgo de que los terrenos pierdan valor, las dos cajas han decidido demandar al vendedor. Hay que recordar que pagaron 313 millones de euros. Sea como fuere, va a ser muy difícil que puedan recuperar parte de ese dinero, dado que Iurbenor se encuentra en concurso de acreedores con un pasivo exigible de 43,5 millones de euros que no puede pagar.

Esta cantidad se corresponde con el IVA de la venta de los terrenos a las cajas y que la Hacienda foral le exige, sin dilación alguna. Esta circunstancia y la resolución de varios contratos de obras con Fonorte, llevaron la semana pasada al grupo Afer ha quejarse públicamente del tratamiento que le está dando la Diputación.

Es cierto que los datos indican que la institución foral no ha actuado con la misma rigurosidad en este caso que en otros. Así, la adjudicación del frontón de Miribilla, en Bilbao, se realizó por 16 millones de euros y, tras rescindir el contrato con Fonorte, la Diputación pretende ahora sacarla nuevamente a concurso por una cantidad superior, 18 millones de euros, a los que habría que sumar la parte ya ejecutada de la obra.

De esta forma, se da parcialmente la razón a la empresa perjudicada, que había pedido una revisión del precio. “Esto evidencia la persecución a la que se está viendo sometido nuestra empresa y el grupo del que forma parte”. explica Fonorte en un comunicado. Lo cierto es que cada día está más claro que el cambio de criterio de la Diputación está relacionado con la sospecha de que Afer ha realizado algún tipo de fraude fiscal.

En Fonorte tienen otra teoría: “Se está persiguiendo acabar con Jabyer Fernández y con cualquier empresa que tengan alguna vinculación con él, y la razón es que, en su día, la Diputación Foral de Bizkaia firmó tres convenios que no está ahora en condiciones de querer cumplir”.

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