Esta vez Garzón no ha citado al gestor, pero sí que ha enviado a la Policía judicial a registrar la empresa. Y hoy le ha tocado a Construcciones Amenabar, que presuntamente pagó 200.000 euros a ETA de un total exigido, como impuesto revolucionario, de 600.000 euros. Esa diferencia de 400.000 euros explicaría las dos bombas que la banda ha colocado este año en una excavadora y en una oficina de la empresa.

Ya se conoce la identidad del otro empresario investigado ayer por orden del juez Garzón por supuestos pagos del impuesto revolucionario. Se trata de Jesús Guibert, perteneciente a la familia Ucín y ex gerente de la acería familiar Marcial Ucín, finalmente vendida a Arcelor. Precisamente cuando dirigía esa empresa, Guibert fue secuestrado por los Comandos Autónomos Anticapistalistas.

La Guardia Civil ha detenido hoy en Bilbao a José Antonio Jainaga, consejero delegado de Sidenor, por un supuesto pago de 90.000 euros a ETA en concepto de impuesto revolucionario. En los últimos días se han producido otros arrestos de este tipo: dos empresarias en Deba, de la firma Conservas A. Bruño, y uno en Oiartzun.